Resumen: Demanda sobre tutela del derecho al honor interpuesta por un restaurante como consecuencia de las noticias de prensa publicadas por la demandada, relativas a los locales de hostelería sancionados por incumplimiento de la normativa de las medidas sanitarias del Covid-19, en las que se publicó una fotografía del establecimiento de la actora en la que se visualizaba el logo de su nombre comercial. La audiencia confirmó la sentencia de primera instancia, estimatoria parcial de la demanda. Recurre en casación la demandada y la sala estima el recurso. Tras analizar ambas noticias, la sala concluye que lo máximo que cabe deducir, y la información al respecto es veraz, es que el local de la demandante fue objeto de una actuación administrativa de control; pero, de ahí, no se puede inferir que fue sancionada, al no darse un enlace lógico y racional para considerar afectado el derecho a la honor de una persona jurídica a través de un juicio deductivo, desde luego de conclusión no unívoca, con respecto al cual son susceptibles de obtenerse inferencias distintas, y máxime al tratarse de un juicio de valoración entre el derecho fundamental a la libertad de información, con la menor protección que resulta del régimen tuitivo del derecho al honor de las personas jurídicas. Estima el tribunal que, en el juicio de ponderación de los derechos fundamentales en conflicto, en las concretas circunstancias analizadas, debe prevalecer el derecho a la información. Se desestima la demanda.
Resumen: La Sala recuerda lo ya declarado en anteriores pronunciamiento sobre el expediente administrativo y el modo amontonamiento de hojas, pues en este caso se ha remitido el expediente en un CD sin índice, confeccionado con el modo amontonamiento, es decir, mediante un simple escaneado de las hojas de papel del expediente administrativo original, lo que dificulta la búsqueda ágil de los documentos. Hecha esta consideración, y en cuanto a fondo del asunto, se reitera la jurisprudencia relativa a que en la actuación de jueces y magistrados son de diferenciar dos aspectos: el de empleados públicos sujetos a un estatuto profesional (que está comprendido en la actividad inspectora y disciplinaria del CGPJ) y el de titulares de la potestad jurisdiccional (que es ajeno a esa actividad gubernativa y solo puede controlarse a través de los recursos establecidos en las leyes procesales y mediante el recurso de amparo ante el TC). Por tanto, quedan fuera de las atribuciones del CGPJ todas aquellas situaciones en las que el juez debe efectuar una mínima operación valorativa fáctica o jurídica para la adopción de las decisiones que puedan resultar procedentes en el marco de una actuación procesal, lo que es referible a toda clase de resoluciones o decisiones procesales, bien sean iniciales, intermedias o finales. Como aquí ocurre respecto de la resolución que acordó la declaración personal en el juzgado del recurrente, en lugar de la declaración por videoconferencia solicitada.
